El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y la Red de Mujeres para la Justicia presentaron la Agenda de trabajo del 2024 para la construcción de un Protocolo interinstitucional de intervención en casos de violencias contra niños, niñas y adolescentes, en la Provincia de Santa Fe. Las facultades de Derecho y Ciencia Política y de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe fueron invitadas a participar, a fin de poder aportar conocimientos sobre sus competencias.
La presentación se realizó en el Museo de la Constitución Nacional con la presencia de representantes de todas las instituciones que participan.
Los profesionales designados por la UCSF son: la Lic. Daniela Mendieta, secretaria de Ciencia, Técnica y Extensión de la Facultad de Psicología y el Dr. Rubén Boni, investigador y docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, quien dirige el proyecto anual de vinculación con el medio: “Capacitación sobre la perspectiva integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto educativo. Lineamientos para la toma de decisiones ante situaciones de riesgo”.
Sobre el Protocolo
Los lineamientos de la presentación indican que la temática se debe llevar a cabo articulando colaborativamente estrategias que garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño causado, según los principios contenidos en la Guía de Buenas Prácticas de UNICEF para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes cuando son las víctimas.
En este sentido, las instituciones de la provincia proponen este proyecto “en tanto la violencia, en general, y la violencia sexual, en particular, contra niñas, niños y adolescentes se enmarca en una grave violación a los derechos humanos, constituyendo el deber de protección una garantía Convencional y, como consecuencia, constituye una obligación del Estado garantizar su protección”.
En el marco de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, se impone como obligación de los Estados adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que sean necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos por la Convención de los Derechos del Niño (artículo 4 CDN). Lograr dicho propósito requiere la intervención y el compromiso de todos y todas.
El correcto actuar ante una vulneración de derechos de las infancias, previo a su contacto con la instancia judicial, dotando de canales claros y adecuados ante la detección y develamiento de violencias, dando lugar a comunicaciones y denuncias oportunas sin dilación en el tiempo; asegura no sólo el rápido esclarecimiento de los hechos y sanción correspondiente, sino la urgente protección de la víctima especialmente vulnerable. En esta instancia fundamental, suelen fracasar las intervenciones, por falta de pautas claras e información, lo cual redunda indefectiblemente en investigaciones más dificultosas o fracasos de estas, sumado a nuevas vulneraciones de derechos de las niñas y niños -revictimización- y, finalmente, a la impunidad.
Por otro lado, la necesidad de regular adecuadamente la representación de los derechos de los/la niños y niñas víctimas en los procesos -no necesariamente el litigio del caso-, de manera uniforme y coordinada con otros fueros, llevará a evitar discordancias de criterios en la toma de decisiones judiciales sobre diferentes aspectos del mismo niña o niño.
Mencionan que la posibilidad de contar con herramientas claras y articuladas ha sido factible en otras provincias de nuestro país, pero también la experiencia marca que debe ser coordinada y articulada, anclada en la realidad de los territorios y acordes a las necesidades de los operadores de todos los sistemas que trabajen con infancias.
Frente a esto, es una realidad innegable la inexistencia de Protocolos y Lineamientos claros que tracen todas las etapas de intervención de las vulneraciones de derechos de las niñeces en la Provincia de Santa Fe, siendo este uno de los pilares que la Guía de Buenas Prácticas recomienda, además de erigirse esto como una herramienta útil para quienes trabajan con infancias (dentro y fuera del Poder judicial).
Ejes de trabajo
Los 6 ejes de trabajo que propone el Protocolo tienen dos instancias: una de capacitación y otra de construcción/diseño de las pautas:
- Detección y develamiento: denunciar y comunicar: el develamiento pueden ser los primeros signos o palabras a partir de las cuales el niño o la niña víctima comienza a manifestar lo que le pasa. Además, brindará a quien comunica y denuncia un marco de seguridad de estar obrando conforme a la ley.
- La instancia judicial: la violencia contra niños, niñas o adolescentes exige la investigación de oficio. Pero el niño en el marco del proceso judicial debe ser considerado como sujeto privilegiado de derechos. Además, teniendo en cuenta que muchas veces estas violencias se dan en contextos familiares, resulta imprescindible articular en los diferentes fueros de la Justicia Provincial –familiar y penal-, lo que redundará en criterios armónicos y disminuir las intervenciones.
- Unificación del cuidado médico preventivo y obtención de pruebas: la correcta recolección de las pruebas, su adecuda conservación y puesta a disposición de la justicia, redunda en una mejor investigación, evitando por errores materiales la impunidad de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Poder contar con parámetros uniformes y claros, no sólo lleva tranquilidad a quienes trabajan en el ámbito de salud, sino que simplifica el trabajo a quienes deben investigar.
- Reparación: a la par del proceso judicial, se deben habilitar otras instancias y procesos, dando lugar al acompañamiento y la contención, no solo del niño o niña víctima, sino también de todo el entorno familiar y social. En función de las necesidades que surjan y los actores involucrados, diferentes áreas del Sistema de Protección de Derechos, deberán tomar un rol de corresponsabilidad en el acompañamiento.
- Implementación del protocolo: el resultado consensuado será plasmado en un documento, el cual será puesto a disposición de todas las instituciones que intervengan en las situaciones de violencias contra las niñeces y adolescencias, buscando instancias de formalización legal para la implementación uniforme de manera territorial.
- Prueba piloto y expansión en el territorio provincial: esta propuesta está pensada para realizarse con encuentros mensuales a lo largo del 2024 a los fines de que las personas designadas por las instituciones que participan puedan llevar a cada encuentro las realidades locales. En cada uno de éstos se dispondrán objetivos concretos y claros, de modo de poder darle definición y avance al proyecto. Una vez funcionalizado el producto que se genere de los encuentros, como prueba piloto en estas localidades, se deberán generar espacios para las nuevas regiones, repensando y modificando prácticas de acuerdo a las necesidades.
