El pasado 27 de junio de 2025, el Equipo de Investigación Socio-Eco-Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política (FDCP) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) llevó adelante un nuevo encuentro del Círculo de Lecturas, espacio que promueve la reflexión crítica, el trabajo colectivo y el diálogo entre saberes jurídicos, ecológicos y sociales. En esta ocasión, la exposición estuvo a cargo del investigador Facundo Ramat, quien presentó un recorrido titulado “Los bienes comunes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La actividad se organizó en torno a una pregunta central: ¿están presentes los bienes comunes en nuestra jurisprudencia? A partir de esa inquietud, se analizaron diversos fallos del máximo tribunal argentino en los que puede observarse —de manera explícita o implícita— un reconocimiento de esta categoría jurídica, especialmente en relación con el ambiente y los recursos naturales.
Entre los casos abordados, se destacaron:
Halabi (2009)
Este fallo marcó un punto de inflexión en materia de acciones colectivas, al reconocer derechos de incidencia colectiva frente a prácticas que afectan a grupos indeterminados de personas. Aunque no refiere directamente a bienes ambientales, sienta precedentes relevantes para el abordaje jurídico de los bienes comunes.
Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Santa Fe – Laguna La Picasa (2019)
La Corte valoró los acuerdos interprovinciales y subrayó la necesidad de una gestión cooperativa del recurso hídrico, exhortando a las partes a coordinar acciones en el marco de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca. En este marco, se afirmó que el ambiente y el agua son bienes colectivos no apropiables, vinculados al interés de las generaciones futuras.
Provincia de La Pampa c/ Provincia de Mendoza – Río Atuel (2020)
El tribunal reconoció la afectación ambiental del ecosistema pampeano por el uso unilateral del agua y ordenó el establecimiento de un caudal mínimo ecológico. El fallo refuerza el principio de solidaridad interjurisdiccional y reconoce al agua como un bien natural esencial, cuyo uso debe ser racional y equitativo.
Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional – Causa Riachuelo (2019)
En esta emblemática causa por la contaminación del Matanza-Riachuelo, la Corte reafirmó que el ambiente sano es un derecho colectivo fundamental, cuya vulneración afecta no solo a los habitantes actuales sino también a las generaciones futuras. El fallo implicó un cambio de paradigma en la gestión judicial de bienes comunes en contextos urbanos degradados.
Estado Nacional c/ Provincia de Mendoza – Tierras fiscales y reserva natural (2019)
Se resolvió una disputa sobre el dominio de tierras en una reserva natural, validando la normativa provincial de protección ambiental. La Corte destacó aquí la prevalencia del interés colectivo en la preservación de ecosistemas, aun frente a reclamos del Estado Nacional.
Equística Defensa del Medio Ambiente c/ Estado Nacional y otros – Incendios en el Delta del Paraná (2020)
A raíz de los incendios masivos en las islas del Delta frente a Rosario, la Corte reconoció que los daños sobre este humedal —de altísimo valor ecológico— impactan de manera directa en la salud, la economía y la cultura de las comunidades ribereñas.
A partir del análisis de estos precedentes, se señaló que si bien el Poder Judicial aún se muestra reticente a adoptar expresamente la categoría de bienes comunes, puede advertirse una evolución progresiva en esta dirección, especialmente en materia ambiental. La exposición concluyó con la reflexión de que este concepto, aunque más desarrollado en el ámbito ecológico, también podría rastrearse de forma transversal en otras ramas del derecho.
El encuentro se desarrolló en un clima participativo y reflexivo, reafirmando el compromiso del Equipo de Investigación Socio-Eco-Jurídica con la construcción de saberes jurídicos sensibles a la justicia ecológica y al cuidado colectivo de lo común.
Resención: Selene Saidler y Alejandra Palacios