El anteproyecto promovido por el Gobierno Nacional a fines del 2025, pretende ser debatido en el Congreso durante el presente año. El texto íntegro de la propuesta está disponible para su lectura en este enlace.
El anuncio y tratamiento de este proyecto nacional denominado “Ley de Libertad Educativa” ha abierto un intenso debate público acerca del sentido, los alcances y las consecuencias de una eventual modificación sustantiva del marco normativo que regula el sistema educativo argentino.
La posibilidad de derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 del año 2006 y de redefinir principios históricos que han estructurado la educación y al sistema educativo, interpela de manera directa a las universidades, a los actores educativos y a la sociedad en su conjunto.
Frente a este escenario, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) realizó un conversatorio como espacio de reflexión plural, académicamente riguroso y socialmente comprometido, orientado a analizar críticamente el proyecto de ley en cuestión.
“El debate educativo que hoy atraviesa el país constituye un momento de especial relevancia histórica, y las universidades no pueden permanecer ajenas a estas discusiones, ya que tiene de hecho una responsabilidad indelegable en la producción de conocimiento crítico y en la promoción del diálogo democrático”, aseguró Gisela García Muñoz, secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Fueron convocados al diálogo el doctor Carlos Hoevel, asesor de Estrategia y Política Cultural en la Secretaría de Educación de la Nación, junto a tres especialistas con amplia trayectoria en el ámbito educativo y en políticas educativas: la doctora Claudia Balagué, ex ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe en el período 2012-2019, el doctor Carlos Cantero ex subsecretario de Educación provincial en el periodo 1995-1999 y el doctor Adolfo Stubrin, ex diputado Nacional por Santa Fe, presidente de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre 1983 y 1986, y secretario de Educación de la Nación entre 1987 y 1989.
Crisis del tejido
El doctor Hoevel abrió el diálogo, sosteniendo que “el diagnóstico sobre el que se para este proyecto es el de la debilidad comunitaria de nuestras escuelas estatales, que son más del 70% del sistema, y están atravesadas por una crisis de identidad, del tejido comunitario, una debilidad estructural e institucional muy grande. La razón fundamental parecería estar en la falta de capacidades de acción que tienen los principales actores que están en el territorio, en la escuela, en el día a día: principal es el director, que no puede tomar decisiones básicas, por ejemplo: elegir su equipo, seleccionar a sus docentes, armar un equipo pedagógico”.
“Aparece una redefinición del rol del Estado, afirmando su carácter de garante del derecho a enseñar-aprender y de los derechos de todos los estudiantes y las familias, con su rol de financiamiento claramente confirmado, con su rol de acompañamiento y con su rol de evaluación, de rendición de cuentas, que es fundamental. En el mundo, el Estado ha ido dejando de centralizar todas sus acciones en una burocracia ministerial y ha ido devolviendo facultades a la sociedad civil”, mencionó Hoevel entre uno de los puntos centrales que propone el texto.
¿Necesidad de una nueva ley?
La doctora Claudia Balagué expresó, en referencia a la Ley de Educación Nacional vigente, N° 26.206: “A mi criterio es una buena ley, que ha sufrido la desdicha de no contar con financiamiento educativo a lo largo de 20 años. Es del año 2006, y se planteaba un financiamiento del 6% del PBI, y a lo largo de estos años solo un año se cumplimentó con ese financiamiento para poder sostenerla”.
A su vez, Balagué explicó que tras la promulgación de la ley 26.206, Santa Fe fue la única provincia que no sancionó su propia ley jurisdiccional, a pesar de muchos intentos. Esto hizo que se rija por una normativa dispersa y desactualizada, a lo largo de más de 70 años. En este sentido, remarcó la importancia de dialogar sobre el nuevo proyecto, alegando que “cualquier nueva ley que se sancione a nivel nacional, a mi criterio impactará mucho más fuerte en la provincia de Santa Fe que en las otras jurisdicciones”.
Lograr diálogo y consenso
Refiriéndose a algunos puntos que se ponen en debate ante el presente texto, el doctor Adolfo Stubrin destacó el rol de las escuelas públicas y el rol de las escuelas privadas, el modo en que ambas están distribuyendo responsabilidades en la impartición de conocimientos al conjunto de la población, y los márgenes con los cuales los establecimientos educativos pueden ser autónomos con respecto a las políticas del Estado.
Respecto a la oportunidad de esta propuesta, expresó: “En la escuela privada, que imagina esta propuesta legal, el director es el ministro de la escuela. Un director no es un ministro y un ministro no puede delegar en un director. El ministro del Consejo de Educación de la Provincia es la autoridad, es el que fija la política educativa, y desde luego que se carece de recursos en una escuela y es el sistema el que debe proveer, el que debe andar bien, el que debe resolver las dificultades escuela por escuela”, concluyó.
Continuar el diálogo
Llegado su turno, el doctor Carlos Cantero invitó a la reflexión: “Como ciudadanos, nos corresponde preguntar: ¿han realizado estudios rigurosos, los autores del proyecto, sobre la viabilidad, el impacto, los costos, las restricciones, las estrategias posibles de aplicación, la capacidad de gestión requerida, etc. que implicaría la aplicación en cada una de las jurisdicciones? (…) Si la respuesta es negativa, ¿por qué se propone una norma que alienta profundos cambios, sin previsión de sus impactos?”
En este marco, resaltó el importante rol que tienen las universidades: “En ellas hay formación docente, hay posgrados de educación, son temas que aquí se estudian, se reflexionan, se investigan. La voz de las universidades necesitan ser escuchadas por las autoridades”.
En este sentido, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF, que tiene la carrera de Ciencias de la Educación como una de las propuestas fundacionales de la Universidad, asumió la responsabilidad de promover el diálogo académico plural, generando espacios que permitan identificar las tensiones, desafíos e interrogantes que plantea este proyecto de ley para el futuro de la educación argentina.
Ante un colmado auditorio presencial, los aportes de los invitados permitieron abordar el proyecto desde distintas perspectivas institucionales, políticas y académicas.
Mirá el conversatorio completo acá:
Parte 1:
Parte 2: