Con un auditorio de más de 300 personas, la Dra. Alicia Stolkiner abrió en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) el debate sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. La Facultad de Psicología fija posición: el paradigma comunitario y de derechos no es un detalle técnico, es una manera de concebir la dignidad de las personas.
La Jornada Abierta “La Salud Mental en debate”, a cargo de Alicia Stolkiner, referente a nivel nacional en políticas públicas de salud, salud mental comunitaria y perspectiva de derechos brindó a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales de la salud y la educación, familias y organizaciones sociales, una clase de historia sanitaria argentina y una advertencia sobre el presente.
Un largo camino, no un punto de partida
Para Stolkiner, la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, fue el punto de llegada de casi un siglo de experiencias, disputas y construcción de actores. Del higienismo mental de principios del siglo XX a la propuesta de Ramón Carrillo de reubicar a los pacientes cerca de sus comunidades; del Servicio de Salud Mental del Hospital Lanús (1956-1972) a los centros de salud mental y las experiencias comunitarias del interior, todas interrumpidas por la represión de la dictadura cívico-militar; de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en democracia a las reformas provinciales de Río Negro y San Luis, la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires y el informe Vidas Arrasadas del CELS.
Ese recorrido explica por qué la ley define la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos”, cuya preservación se vincula a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Y explica también por qué reemplazó la categoría de peligrosidad por la de riesgo cierto e inminente: no fue una corrección de redacción, sino —en palabras de la disertante— un viraje epistemológico, un cambio en el modo de mirar a quien sufre.
Los números que aportó permiten dimensionar lo que estaba en juego: en 2007, el informe Vidas Arrasadas contabilizaba 25.000 personas alojadas en instituciones psiquiátricas del país, el 80% internadas por más de un año y el 75% en establecimientos de mil camas o más. El Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019 registró 12.035 personas. El avance es real; el promedio de internación de 8,2 años que arroja ese mismo censo muestra que el camino está lejos de haber terminado.
Qué se discute hoy
En abril de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado un proyecto de reforma integral de la Ley 26.657, que se tramita en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General y que ya reunió a decenas de expositores con posiciones encontradas. Stolkiner analizó sus ejes: el reemplazo del criterio de riesgo cierto e inminente por una fórmula de riesgo grave que habilita evaluar conductas previas y evolución previsible; la exigencia de que el equipo interdisciplinario incluya obligatoriamente a un médico psiquiatra; el traslado del financiamiento de la ley a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la incorporación de deberes de cuidado y de presencia formal a cargo de familiares y representantes legales; y la habilitación de las instituciones monovalentes para realizar internaciones.
Cada uno de esos puntos tiene consecuencias concretas sobre el trabajo cotidiano en salud. Exigir la firma de un psiquiatra en un país con distribución profundamente desigual de especialistas no amplía garantías: restringe el acceso allí donde ya es escaso. Provincializar el financiamiento de una política nacional, cuando el presupuesto destinado a salud mental representa hoy alrededor del 1,4% del gasto en salud —muy lejos del 10% que fija la ley vigente—, no ordena el sistema: consolida la desigualdad territorial. Y devolverle centralidad al dispositivo monovalente, sin haber construido la red comunitaria que debía sustituirlo, es responder a una demanda real con la herramienta que ya demostró no resolverla.
La posición de la Facultad
Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe sostienen que hablar de salud mental implica asumir una posición: “Reconocemos la dignidad indeclinable de cada persona, incluso cuando atraviesa un padecimiento que la vuelve vulnerable. Entendemos que la salud mental se teje en los vínculos, en las instituciones, en las comunidades y en las decisiones que como sociedad somos capaces de tomar. Por eso el cuidado no puede pensarse únicamente como una responsabilidad individual o familiar: es una responsabilidad social, y las políticas públicas son el modo en que una sociedad la organiza”, aseguran.
Desde esa convicción afirman que: “El modelo comunitario, interdisciplinario y de derechos que instituyó la Ley 26.657 debe ser fortalecido, financiado y efectivamente implementado, no debilitado. Los problemas que la reforma señala —la falta de dispositivos, la insuficiencia del segundo nivel de atención, el sufrimiento de las familias que no encuentran respuesta— son reales y merecen ser atendidos. Pero se resuelven construyendo lo que la ley mandó construir y nunca se construyó del todo, no removiendo las garantías que protegen a quienes menos pueden defenderse”.
“También asumimos una responsabilidad propia. Si la ley exige equipos interdisciplinarios, prácticas comunitarias y una clínica ampliada, la formación de grado y posgrado tiene que estar a la altura de esa exigencia. Ese fue el sentido de estas jornadas: no la conmemoración de una norma, sino la formación de profesionales capaces de sostener, discutir y mejorar las prácticas que esa norma habilita”.
Declaraciones de interés
La actividad fue declarada de interés por la Honorable Cámara de Senadores y por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, distinciones entregadas por el senador provincial Paco Garibaldi y el concejal Lucas Somoniello. Acompañaron la jornada autoridades de las distintas unidades académicas, y representantes del Órgano de Revisión de Salud Mental de la Provincia, del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción, del Colegio de Psicopedagogos de la Provincia, del Hospital Dr. Emilio Mira y López y del Ministerio de Educación provincial. Esa composición del auditorio no fue un dato protocolar: mostró que el debate sobre la salud mental excede a una disciplina y a una institución.
