El pasado 6 de marzo de 2026 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Ley N.º 27.802, que introduce una reforma significativa del régimen laboral argentino, con modificaciones sustanciales a la histórica Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. Sin embargo, a pocas semanas de su entrada en vigencia, la nueva ley quedó envuelta en una fuerte controversia judicial.
Diversos tribunales del país comenzaron a recibir demandas que cuestionan la constitucionalidad de algunos de sus puntos, principalmente los artículos 54 y 55, que establecen reglas distintas según el momento en que se haya iniciado una demanda laboral. Para parte de la judicatura, esa diferencia podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El debate judicial escaló aún más cuando la Confederación General del Trabajo (CGT) promovió una acción colectiva contra el Estado Nacional. En ese marco, un juzgado de primera instancia dispuso, mediante una medida cautelar, la suspensión provisoria de 82 artículos de la ley.
La medida generó fuertes cuestionamientos por parte de distintos sectores, respecto a si el juzgado interviniente es competente y si un único magistrado puede disponer una suspensión de alcance tan amplio sobre una ley sancionada por el Congreso.
En este contexto, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, Magín Ferrer, señala que “la Ley N.º 27.802 abre un nuevo escenario en el mundo laboral argentino y plantea desafíos que requieren análisis profundo y diálogo social. Es por ello que, desde la FDCP, reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación, la formación y el debate académico, como aportes necesarios para fortalecer la vida democrática”.
En la nota, se explican los principales cambios introducidos por la nueva ley, para evitar lecturas simplificadas y promover el debate informado. Con este mismo fin, se están realizando las jornadas y espacios de reflexión en torno a la reforma, que se extienden hasta al 10 de junio.
Los detalles se pueden consultar en este enlace.
Alcance y nuevas relaciones
En primer lugar, la nueva norma redefine el alcance del derecho laboral, excluyendo expresamente a los trabajadores independientes, a los prestadores de servicios profesionales u oficios y a quienes trabajan mediante plataformas tecnológicas. En este sentido, elimina la presunción automática de relación de dependencia cuando existe facturación y pagos bancarizados, buscando dar mayor previsibilidad a las contrataciones civiles, aunque también generando debates sobre los límites de la protección laboral.
En un apartado novedoso referido a la regulación del trabajo en plataformas digitales, la Ley 27.802 crea un Régimen de Servicios Privados de Movilidad y Reparto, en el que califica a repartidores y conductores como prestadores independientes, con derecho a conectarse cuando lo deseen, rechazar pedidos y percibir la totalidad de las propinas, sin que ello se considere indicio de relación laboral.
Por otra parte, con el objetivo de fomentar el empleo formal, la reforma habilita un régimen de regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas, con importantes beneficios para los empleadores, como la condonación de multas, la extinción de acciones penales y planes de pago de hasta 72 cuotas para las deudas remanentes.
Otro cambio relevante se observa en materia de responsabilidad entre empresas. La nueva Ley restringe la responsabilidad solidaria de la empresa principal en los casos de subcontratación, siempre que esta haya exigido y controlado el cumplimiento de las obligaciones laborales básicas del contratista, a saber: registración, pago de aportes, cuenta sueldo, ART y remuneraciones. Este nuevo esquema marca un giro importante respecto del régimen anterior, especialmente en lo que refiere a la tutela de los trabajadores tercerizados.
Remuneración, jornada laboral y FAL
En cuanto a las remuneraciones, la ley introduce los llamados componentes retributivos dinámicos, es decir, pagos adicionales que pueden otorgarse de manera transitoria, variable o vinculada al mérito, sin que generen derechos adquiridos ni se incorporen al salario habitual. Al mismo tiempo, se avanza en mayor transparencia mediante recibos de sueldo que deben reflejar claramente los aportes y contribuciones abonados por el empleador, permitiendo a los trabajadores conocer con mayor claridad el costo laboral de su contratación.
La organización del tiempo de trabajo se flexibiliza, con la habilitación del sistema de banco de horas, que permite compensar horas extra con descansos equivalentes, siempre que exista acuerdo escrito entre las partes y que se respeten los descansos mínimos legales de 12 horas entre jornadas. También se ajustan las reglas para los contratos a tiempo parcial, los trabajadores bajo esta modalidad podrán realizar voluntariamente horas suplementarias, con una cotización proporcional a la remuneración percibida.
En relación con los despidos, la reforma modifica la base de cálculo de la indemnización, excluyendo el aguinaldo y aquellos premios que no se abonen de forma mensual. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo opcional que permite a los empleadores anticipar recursos para afrontar futuras indemnizaciones por despido, fallecimiento o retiros voluntarios, con el objetivo de lograr mayor previsibilidad, reducir conflictos y litigios.
Negociación y normativa sindical
La norma también introduce cambios en los juicios laborales, estableciendo criterios más claros para el cálculo de intereses. El ámbito del derecho colectivo, fija un límite de hasta un 2% a las cuotas sindicales para trabajadores no afiliados y califica como infracciones muy graves determinadas modalidades de protesta, como los bloqueos a empresas o la retención de personas o bienes.
Asimismo, la Ley 27.802 incorpora numerosas modificaciones al régimen de negociación colectiva y a la normativa sindical vigente. Entre otros puntos, redefine qué actividades se consideran servicios esenciales y cuáles revisten importancia trascendental, estableciendo niveles mínimos de prestación aun durante medidas de fuerza.
Más allá de lo expuesto, es importante tener en cuenta que la reforma no deroga ni puede afectar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a los trabajadores. En este sentido, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el art. 23 de la Constitución Provincial, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por la Argentina continúan plenamente vigentes, al igual que los principios fundamentales del derecho laboral.