Referentes del ámbito académico, judicial y eclesiástico reflexionaron sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de un enfoque ético en su regulación, en el marco de la presentación del libro “IA, tecnologías emergentes y su impacto en el derecho”.
La sede Santos Mártires de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) fue escenario del encuentro, que reunió a actores centrales del sistema institucional: el juez de Primera Instancia de Apóstoles, director del Instituto de Derecho Público y de la Integración (IDPI) y coordinador de la obra, Juan Manuel Lezcano; el obispo de Posadas, Pbro. Juan Rubén Martínez; y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Mgtr. Magín Ramón Ferrer.
La publicación, de carácter colectivo, reúne investigaciones que analizan cómo la inteligencia artificial comienza a transformar el ejercicio jurídico. Entre sus ejes, aborda la digitalización de las estructuras empresariales, la contratación electrónica, el desarrollo de criptomonedas y billeteras virtuales, así como la responsabilidad de las plataformas digitales y los desafíos regulatorios asociados.
Una transformación en marcha
El libro comenzó a gestarse en 2025 con la participación de la UCSF, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario, junto con aportes internacionales. “No es solo un libro, sino el resultado de un diálogo plural que permite comprender la complejidad del impacto de la IA”, señaló Lezcano.
Lejos de tratarse de una disrupción abstracta, el avance de la inteligencia artificial ya genera transformaciones concretas. En la formación jurídica, impacta en los hábitos de lectura, en la producción de trabajos académicos y en los mecanismos de evaluación, donde la oralidad vuelve a ganar centralidad como forma de verificar competencias.
En la práctica profesional, el desafío radica en evitar que estas herramientas sustituyan al operador jurídico. En ese sentido, se planteó una idea clave: la inteligencia artificial puede potenciar la tarea, pero no reemplazarla, un límite que resulta tanto técnico como institucional.
En la práctica profesional, el punto crítico es evitar que la herramienta sustituya al operador jurídico. La línea planteada es clara: la IA puede potenciar, pero no reemplazar. Este límite no es solo técnico, sino también institucional, ya que define responsabilidades y preserva la legitimidad del sistema judicial.
Una agenda en construcción
El escenario actual interpela al campo jurídico en tres dimensiones centrales: la docencia, la investigación y las relaciones humanas. En el plano educativo, el juez remarcó la necesidad de formar criterio, pensamiento crítico y responsabilidad en el uso de tecnologías que pueden amplificar —o distorsionar— la práctica jurídica. En cuanto a la investigación, señaló que las tecnologías emergentes tensionan las categorías tradicionales del derecho y exigen nuevos marcos interpretativos. En el plano de los vínculos, advirtió sobre los efectos de la automatización y la virtualización en aspectos como la confianza, la empatía y la responsabilidad.
En ese marco, la obra incorpora también una mirada crítica sobre los riesgos del desarrollo tecnológico, como la automatización de decisiones, los fraudes digitales —entre ellos el phishing— y la creciente vulnerabilidad de los usuarios.
“La obra no ofrece respuestas cerradas, sino que invita a pensar”, afirmó Lezcano, y sostuvo que el desafío es anticiparse a los cambios para que el derecho no llegue tarde frente a estas transformaciones.
La UCSF cuenta con una red de institutos de investigación que aportan al abordaje interdisciplinario de estos desafíos, como el IDPI, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (LIIA), el Instituto de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos (IFD) o el Instituto de Gobierno y Ciudadanía (IGC), entre otros. Estos promueven la producción de conocimiento, el análisis crítico y el desarrollo de propuestas en áreas clave, favoreciendo la articulación entre tecnología, derecho y sociedad.