En el marco de la Reforma de la Constitución de Santa Fe, las facultades de Arquitectura y Diseño y Derecho y Ciencia Política de la UCSF presentaron, junto a otras instituciones, aportes ante la comisión reformadora. Por un lado, se solicitó garantizar la participación de universidades privadas en órganos judiciales clave; por otro, se propuso incorporar el Ordenamiento Territorial como principio constitucional para un desarrollo más justo, equilibrado y sustentable.
Inclusión de universidades privadas
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA Rosario y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF presentaron una propuesta formal ante la comisión reformadora de la Constitución de Santa Fe, solicitando que se garantice la participación de las universidades privadas en el Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento.
En el documento firmado por ambos decanos: el Dr. Nelson Cossari (UCA) y el Mgtr. Magín Ferrer (UCSF), recuerdan que la normativa vigente en la provincia ya contempla esta participación plural, y solicitaron que se mantenga este criterio en la nueva Constitución.
Las instituciones manifestaron su preocupación frente a proyectos que pretenden limitar la representación académica exclusivamente a universidades públicas: “En ese sentido, presentamos la propuesta mencionando una suerte de discriminación respecto de las universidades de gestión privada, ya que no son tenidas en cuenta para conformar estos tribunales evaluadores. Además, esto va en contra del decreto del Gobernador del año pasado, que establece la integración del Consejo de la Magistratura y el Tribunal de Enjuiciamiento con académicos de universidades radicadas en la provincia. Entonces, lo que hacemos es proponer que al momento de tratar y reformar el artículo que va a tratar el Consejo de la Magistratura, se tengan en cuenta a las universidades pública y a las privadas. Como fundamento primordial se plantea que tanto las universidades de gestión pública como las de gestión privada están acreditadas por CONEAU, en base a los mismos estándares de Calidad Educativa, entonces en ese sentido ambas están en el giro académico y profesional de la provincia, formando abogados”, explicó el Mgtr. Magín Ferrer.
A través de este documento, ambas facultades ratificaron su compromiso con una reforma constitucional que refleje el verdadero mapa universitario de nuestra provincia.
Ordenamiento Territorial: una deuda constitucional
Desde la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSF, junto a las facultades de Arquitectura de la UNL y la UNR, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF) y el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas (CURDIUR-CONICET/UNR), se presentó una propuesta conjunta ante la Convención Constituyente para incorporar de manera expresa el Ordenamiento Territorial en la nueva Constitución de Santa Fe.
El documento elaborado plantea que el Ordenamiento Territorial debe ser reconocido como una función pública esencial y un proceso continuo de planificación y gestión.
“El territorio no puede seguir siendo una variable secundaria en la toma de decisiones políticas. Incorporar el Ordenamiento Territorial en la Constitución es reconocer el derecho a la ciudad y al hábitat como dimensiones fundamentales de la ciudadanía”, afirmó el Mgtr. Gabriel Biagioni, decano de la FAD UCSF.
Actualmente, más de 300 localidades santafesinas carecen de instrumentos de planificación adecuados, lo que genera desequilibrios territoriales, inseguridad jurídica y dificultades para el desarrollo de políticas públicas eficaces. En este contexto, Biagioni remarcó que “la ausencia de marcos normativos no solo afecta la calidad del hábitat y la protección ambiental, sino también la equidad en el acceso a los bienes comunes”.
La propuesta destaca la necesidad de una mirada integral sobre el territorio, que contemple las distintas escalas —local, metropolitana y regional— y promueva un desarrollo equilibrado, inclusivo y sustentable. “Una Constitución que contemple el Ordenamiento Territorial será una herramienta imprescindible para impulsar una legislación moderna, participativa y orientada al bien común”, concluyó Biagioni.