En el marco del proceso de reforma constitucional que atraviesa la provincia de Santa Fe, la Universidad Católica de Santa Fe ha participado activamente desde diversas áreas. Recientemente, los decanos de las facultades de Derecho y Ciencia Política, Mg. Lic. Magín Ferrer, y Arquitectura y Diseño, MDA Arq. Gabriel Biagioni, intervinieron en las audiencias públicas convocadas por la Convención Constituyente, aportando perspectivas académicas y profesionales sobre temas clave del nuevo texto constitucional.
Por la igualdad y no discriminación
El decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Magín Ferrer, participó el martes 5 de agosto en la audiencia de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, celebrada en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia.
Durante su exposición, Ferrer enfatizó la necesidad de garantizar la inclusión de las universidades de gestión privada en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal de Enjuiciamiento.
“Entendemos que tenemos que asegurar la inclusión de las universidades de gestión privada, que están debidamente reconocidas como estamento académico y científico”, afirmó, señalando que esta propuesta se fundamenta en los principios de igualdad, no discriminación y respeto por la pluralidad institucional del sistema universitario argentino.
Ferrer sostuvo que la UCSF, como institución de educación superior privada, ha desarrollado una “responsable y sostenida tarea de formación jurídica, investigación científica y compromiso ciudadano”, lo cual amerita su participación equitativa en los espacios de deliberación y definición de los mecanismos de selección de magistrados.
Asimismo, advirtió que excluir a las universidades privadas por su tipo de gestión “va en contra de principios fundamentales del ordenamiento jurídico argentino y del derecho internacional público”, y que tal exclusión podría interpretarse como una forma de discriminación institucional.
“El sistema universitario argentino, regulado por la Ley de Educación Superior, no establece jerarquías ni distinciones entre universidades públicas y privadas”, explicó Ferrer. “Los estándares de calidad educativa son iguales para todos. Por tanto, esta discriminación contraviene principios constitucionales y convencionales, lo que supondría un retroceso”.
Finalmente, instó a la Convención Reformadora a incluir a todas las universidades como representantes naturales del estamento académico, “sin distinción alguna de la naturaleza de su gestión”, y promovió una “pluralidad y representatividad en los órganos clave del sistema judicial”.
Uso equilibrado y solidario del territorio
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Gabriel Biagioni, participó el miércoles 13 de agosto en la Audiencia Pública de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, realizada en el Concejo Municipal de Santa Fe.
Biagioni presentó un documento conjunto elaborado por la FAD UCSF, junto a las facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF) y el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas (CURDIUR-CONICET/UNR), solicitando la incorporación expresa del Ordenamiento Territorial en la nueva Constitución.
“El Ordenamiento Territorial es un compromiso constitucional pendiente en Santa Fe”, expresó Biagioni, destacando que debe ser entendido como una función pública y un proceso continuo de planificación y gestión. Según el documento, este enfoque busca organizar de manera equilibrada y sostenible el uso del suelo, los recursos naturales y las actividades humanas, considerando las escalas local, metropolitana y regional.
Biagioni alertó que “más de 300 de las 365 localidades santafesinas carecen de instrumentos de planificación”, lo que genera desequilibrios territoriales, inseguridad jurídica y dificultades para el desarrollo de políticas públicas eficaces. Esta carencia también afecta negativamente la inversión, la calidad del hábitat, la protección ambiental y la equidad en el acceso a los bienes comunes.
“Garantizar el derecho al Ordenamiento Territorial implica promover un hábitat inclusivo, accesible, seguro y sustentable”, afirmó, subrayando la importancia de integrar el espacio público, la movilidad, la vivienda, los servicios, el ambiente y el patrimonio en un sistema territorial equilibrado y solidario.
Desde la FAD UCSF, reafirmó el compromiso institucional con este proceso, aportando “conocimiento académico, experiencia profesional y vocación pública”. Para Biagioni, una Constitución que contemple el Ordenamiento Territorial será “una herramienta imprescindible para impulsar una legislación moderna, participativa y orientada al bien común, en favor de una provincia más justa, integrada y planificada”.