La senadora nacional Carolina Losada, el juez penal de primera instancia Martín Torres y el secretario del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF, Valentín Acuña, participaron como disertantes en una jornada de reflexión sobre la problemática de las falsas denuncias. Estuvo presente también el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni.
Organizado por el Instituto y la Asociación Civil Río Paraná, el encuentro —realizado el 7 de noviembre— reunió a profesionales y estudiantes del ámbito jurídico, político y académico para analizar los efectos, desafíos y dilemas éticos que este fenómeno plantea en los procesos penales y mediáticos.
Formación jurídica y compromiso ético
En los últimos años, el debate sobre las falsas denuncias cobró visibilidad, impulsando la necesidad de equilibrar el acceso a la justicia con la responsabilidad de realizar una acusación. En este marco, la jornada buscó promover un diálogo informado que aporte herramientas jurídicas para abordar estos casos sin vulnerar derechos ni caer en simplificaciones.
La vicedecana de la facultad, la Dra. María Alejandra Peresutti, subrayó la importancia de debatir estos temas en el ámbito académico y afirmó que “todo proyecto o reforma legislativa debe ser conocido y comprendido por los estudiantes desde el inicio de su formación”. La propuesta pedagógica de la UCSF “busca dejar atrás la clase magistral y avanzar hacia el análisis de casos reales, materia por materia, desde primer año”, para que los futuros abogados apliquen la legislación con criterio propio y compromiso ético.
“El Derecho Penal es clave en la defensa de los derechos humanos y en la formación de profesionales sensibles al valor de la persona y la justicia”, añadió.
Voces del ámbito judicial, político y académico
La disertante Losada valoró el compromiso de los estudiantes con una temática que atraviesa la vida cotidiana de muchas personas. Sostuvo que “las falsas denuncias destruyen vidas, familias y vínculos”, y aclaró que su preocupación “no se opone a las verdaderas denuncias —que en su mayoría lo son—, sino a la necesidad de defender los recursos del Estado para proteger a las víctimas reales”.
“Hoy lamentablemente los recursos están dilapidados en cosas que no tienen ningún sentido. Queremos que los recursos del Estado estén puestos en las verdaderas víctimas: en las mujeres golpeadas, en los niños abusados, en todas las verdaderas víctimas”, exclamó.
En referencia a su proyecto de ley presentado en 2022, explicó que busca endurecer las penas por denuncias falsas, ya que “no es una cuestión de género, sino de justicia”. Advirtió que “el mal uso del sistema judicial puede derivar en graves consecuencias humanas: familias destruidas, personas inocentes privadas de libertad y víctimas que terminan quitándose la vida por la vergüenza o el escrache público”.
Derecho penal para todos
El juez Martín Torres reflexionó sobre la dificultad de traducir la complejidad del Derecho Penal en conceptos accesibles, señalando que una falsa denuncia consiste en acusar ante una autoridad un hecho delictivo inexistente o tergiversado.
“Es necesario resguardar la administración de justicia y garantizar que su actuación se limite a hechos reales, debidamente fundados y verificados, porque esto afecta el valor de la justicia y sobrecarga un sistema ya de por sí lento, desviando recursos hacia hechos inexistentes”, aclaró.
Cuestionamiento a la omisión
Por su parte, Valentín Acuña advirtió que “el Derecho Penal se ha utilizado en algunos casos como herramienta de manipulación”, y que “lo más grave no es solo la existencia de denuncias falsas, sino la omisión: la falta de intervención de los operadores jurídicos”.
“Tener perspectiva de género no significa vulnerar la presunción de inocencia ni vaciar de contenido el principio de legalidad. La protección de la víctima y la garantía del imputado corren por carriles distintos. Detectar denuncias falsas no implica descreer de las verdaderas víctimas, sino resguardar las garantías de todos”, confirmó.
El especialista subrayó que muchas denuncias surgen en contextos familiares y derivan en una escalada judicial y emocional que termina en el fuero penal. Propuso revisar los estándares probatorios, investigar de oficio cuando existan indicios claros y capacitar a jueces y fiscales para abordar con responsabilidad una problemática que también impacta en la salud mental y la vida social de las personas denunciadas injustamente.
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